Ambas compañías defienden que no tienen obligación legal de repartir entre los jugadores el dinero que el Gobierno de EE. UU. les está devolviendo tras declararse ilegales los aranceles de 2025, mientras crece el número de demandas en su contra.
El origen del conflicto
Todo se remonta a comienzos de 2025, cuando la administración de Donald Trump impuso una batería de aranceles a las importaciones —el llamado «Liberation Day»— que encareció una amplia gama de productos, entre ellos las consolas de videojuegos. Como consecuencia directa, Microsoft subió el precio de las Xbox en mayo de 2025 citando «las condiciones de mercado y el aumento de los costes de desarrollo», y volvió a subirlo en septiembre. Sony hizo lo propio con la PS5 en agosto de ese año, alegando un «entorno económico complicado».
Ninguna de las dos compañías mencionó explícitamente los aranceles como causa directa de las subidas de precio en sus comunicados oficiales, un matiz que ahora resulta clave en la batalla legal.
El giro: el Supremo tumba los aranceles
Meses después, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que esos aranceles eran ilegales, lo que abrió la puerta a que las empresas afectadas reclamaran al Gobierno la devolución de lo pagado. Sony ya ha comunicado a sus inversores que espera recuperar cerca de 508 millones de dólares, una cifra que, según recoge Kotaku, supera con creces lo que la compañía pagó por adquirir el estudio Insomniac Games.
El problema es que ni Sony, ni Microsoft, ni Nintendo —que se enfrenta a un litigio similar por Switch— tienen intención de trasladar ese reembolso a los jugadores que pagaron consolas más caras durante los meses en que los aranceles estuvieron vigentes.
Las demandas y la respuesta de las compañías
Ante esa negativa, varios consumidores han presentado demandas colectivas. En California, un grupo de jugadores reclama a Sony su parte del reembolso ante el Tribunal del Distrito Norte; en el estado de Washington, un consumidor individual ha demandado a Microsoft por el mismo motivo, en un caso que podría convertirse en demanda colectiva.
Los abogados de Sony solicitaron el archivo de la causa antes incluso de que avance hacia la fase de acción colectiva. Su argumento central, recogido por Game File, es que pagar el precio de mercado por un producto de consumo comprado de forma voluntaria no constituye, según sus abogados, un perjuicio legalmente reconocible. La firma también ha calificado la vinculación entre los aranceles y la subida de precios como especulativa, señalando que factores como la inflación, las fluctuaciones de divisas, el coste de los componentes, la logística o la demanda pudieron influir igualmente.
Como refuerzo de su defensa, Sony recurrió a un argumento inesperado: la compañía volvió a subir el precio de la PS5 esta misma primavera, ya con los aranceles declarados ilegales, lo que —según sus abogados— demostraría que la subida original no dependía únicamente de ellos.
Microsoft presentó una moción muy similar el 21 de agosto. Sus abogados sostuvieron que no hay nada injusto en que un comprador adquiera una Xbox al precio anunciado y reciba exactamente lo que pagó, con independencia de la teoría que el demandante haya elaborado después sobre la estructura de costes de la empresa. La compañía añade que no existe ninguna prueba concreta que permita calcular qué parte del precio final correspondía realmente a los aranceles.
Nintendo marcó el camino
Ambas empresas siguen, en lo esencial, la estrategia que Nintendo empleó meses antes en su propio litigio por las Switch: los consumidores pagaron el precio de mercado vigente en el momento de la compra y eso no genera, por sí solo, un derecho automático sobre reembolsos posteriores. El hecho de que las tres grandes fabricantes de consolas coincidan casi palabra por palabra en su defensa ha llamado la atención de la prensa especializada, que habla de un mismo «manual» legal compartido por la industria.
La excepción de Panic
No todas las empresas han optado por esta vía. Panic, la compañía detrás de la consola portátil Playdate, decidió devolver a sus clientes la diferencia pagada de más una vez recibió su propio reembolso por parte del Gobierno estadounidense. Ese gesto, aunque minoritario, demuestra que compensar a los consumidores es una opción de política empresarial posible, incluso si Sony, Microsoft y Nintendo insisten en que no es una obligación legal.
Qué puede pasar ahora
Ningún juez se ha pronunciado todavía a favor de los argumentos de Sony, Microsoft o Nintendo. El caso de Sony sigue en trámite, después de que el tribunal consolidara varias demandas relacionadas y fijara nuevos plazos en torno a la moción de desestimación de la compañía. Si el juez acepta el planteamiento de «pagaste, lo recibiste, no hay más», el litigio podría cerrarse ahí; si lo rechaza, se abriría la puerta a que las reclamaciones prosperen contra las tres grandes fabricantes de consolas.
Mientras tanto, ninguna de las compañías ha bajado los precios de sus consolas tras la anulación de los aranceles, por lo que seguirán beneficiándose de los precios elevados fijados en 2025, a la espera de lo que decidan los tribunales.
